El pasado 21 de octubre, una milicia armada contratada por la trasnacional de transgénicos Syngenta, invadió el campamento Terra Livre en Paraná, Brasil, matando de dos
tiros a quemarropa a Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno,
militante del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de 34
años, padre de tres hijos. Además hirió gravemente a otras personas del
mismo movimiento.
Como lo expresa el MST, "Keno era uno entre centenares de militantes de
la Vía Campesina que hace más de un año, hicieron públicos para Brasil y
el mundo, los crímenes ambientales de Syngenta", cosa que la
trasnacional no podía dejar pasar.
En marzo del 2006, al mismo tiempo que se reunía en Paraná el Convenio
de Diversidad Biológica de Naciones Unidas y su Protocolo Internacional
de Bioseguridad -que regula los movimientos transfronterizos de
transgénicos-, Vía Campesina Brasil ocupó los campos experimentales de
transgénicos de Syngenta en Santa Teresa do Oeste, ilegales por estar en
el área de amortiguamiento del Parque Nacional de Iguazú que alberga las
famosas cataratas de mismo nombre.
Según la ley de bioseguridad en Brasil, estaba prohibido sembrar
transgénicos en una extensión de 10 kilómetros de un área natural
protegida. Gracias a la notoriedad de la ocupación y a la denuncia de
las organizaciones sociales, la autoridad ambiental, IBAMA, sentenció a
Syngenta a pagar una multa de 500 mil dólares, cosa que la multinacional
nunca efectuó. Más tarde, el gobierno de Lula da Silva cambió la ley,
reduciendo el área de amortiguamiento a solamente 500 metros. Syngenta
aprovechó el favor que le hizo Lula para apelar el pago. No existe aún
sentencia definitiva en el caso.
Para el MST y la Vía Campesina, la ocupación del campo experimental es
una denuncia por la impunidad con que se manejan las multinacionales de
los agronegocios, invadiendo zonas naturales únicas como el Parque
Iguazú, con transgénicos y uso intensivo de agrotóxicos. Pero además, el
campo experimental de Syngenta es vecino de un asentamiento del MST que
ya estaba allí anteriormente, colocando en alto riesgo de contaminación
transgénica a sus variedades criollas de maíz.
La propuesta de Vía Campesina, desde el comienzo de la ocupación, fue
transformar el campo contaminante de Syngenta en un centro de
investigación y producción de semillas agroecológicas, con variedades
campesinas, accesibles a todos y sin patentes.
En función de esto, en noviembre de 2006, el gobernador del estado de
Paraná, Roberto Requiao, emitió un decreto para desapropiar el área del
campo de Syngenta y establecer un Centro Paranense de Referencia en
Agroecología. Syngenta se amparó frente a la justicia del Estado
-dominada por los grandes latifundistas- y consiguió más tarde una
suspensión provisoria del decreto y el derecho de reintegración del área.
Frente a un orden judicial de desalojo y en un clima de amenazas y
violencia por parte de matones y guardias de seguridad contratados por
la empresa Syngenta, las 70 familias que estaban ocupando, decidieron
abandonar el área en julio de 2007, y trasladarse al asentamiento vecino
Olga Benário, en espera de la resolución definitiva.
En octubre, volvieron a ocupar el campo -obviamente sin armas- para
retomar sus actividades a favor de las semillas criollas y la
agroecología, como una medida de presión para una resolución legal del
conflicto. Es en este momento, cuando fueron atacados salvajemente, con
armas de fuego disparadas directamente contra la gente, por la empresa
de seguridad NF contratada por Syngenta.
La transnacional admite que contrató a NF, pero no se responsabiliza por
el uso de armas, que es ilegal. Sin embargo, la organización Terra de
Direitos explica que desde septiembre presentaron una denuncia legal a
la Policia Federal y a Syngenta, de que la empresa de seguridad NF
estaba usando armas de fuego. La policía detuvo incluso a una mujer
dueña de la empresa, por tenencia ilegal de armas. Syngenta, enterada de
todo esto, siguió con el contrato y ordenó el ataque asesino, con pleno
conocimiento de la situación.
La organización Terra de Direitos denuncia también que dos militantes
del MST, Celso Barbosa y Celia Lourenco, están amenazados de muerte y
fueron perseguidos por los mismos pistoleros, y que la situación de
violencia y amenaza en la región es grave, debido a la escalada de
violencia que han tomado la guardia armada contratada por Syngenta y
latifundistas de la región. Ya en diciembre pasado, en una agresión
organizada por los grandes propietarios rurales contra militantes del
MST en la localidad de Cascavel, en Paraná, los agredidos reconocieron a
funcionarios de Syngenta. El 20 de julio, la guardia contratada por
Syngenta invadió, fuertemente armada, el asentamiento Olga Benário,
amenazando directamente a varias personas y descargando finalmente sus
armas contra una bandera del MST, todo lo cual consta en una denuncia
policial.
El MST, Vía Campesina y Terra de Direitos, junto a decenas de
organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en Brasil
condenan los hechos y exigen que se responsabilice a Syngenta por este
asesinato, que la multinacional de transgénicos pague sus culpas
ambientales y sociales, entregue el campo experimental y abandone el
país. Demandas justas que merecen el apoyo de todos, así como el
profundo reconocimiento y solidaridad a los movimientos en Brasil, por
mostrar al mundo los crímenes ambientales y humanos que cometen los que
promueven los transgénicos y pretenden monopolizar las semillas, la
tierra y el agua.
Por: Silvia Ribeiro
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